La economía después del terremoto: ¿Cómo salimos adelante?
Panamá enfrenta un desafío urgente que va más allá de reparar edificios, carreteras y viviendas. El terremoto del 9 de octubre y las réplicas posteriores nos obligan a pensar cómo proteger los empleos, recuperar las actividades productivas y fortalecer nuestra capacidad de respuesta ante los desastres.
Los reportes preliminares registraron viviendas, escuelas, centros de salud, puentes y edificios públicos afectados, principalmente en las provincias centrales. El Gobierno declaró el estado de emergencia nacional y autorizó hasta B/.100 millones para atender las necesidades urgentes. Sin embargo, esta cifra es un fondo de contratación para la emergencia, no una estimación del costo total de los daños. Las evaluaciones económicas todavía deben consolidarse, para estimar el impacto económico de este desastre natural.
El impacto económico tiene varias dimensiones. La primera es el costo directo de reconstruir viviendas e infraestructura. La segunda es la pérdida de ingresos de comercios, hoteles, restaurantes, productores agropecuarios y pequeños negocios que deben interrumpir sus operaciones. La tercera es el gasto extraordinario del Estado, que deberá atender la emergencia sin descuidar sus compromisos fiscales.
También existe un costo menos visible: las familias que pierden sus hogares, los trabajadores que dejan de percibir ingresos y los estudiantes que ven interrumpida su educación. Por eso, medir los daños únicamente por el valor de los edificios destruidos sería un error.
¿Cómo salir adelante?
La experiencia internacional ofrece lecciones importantes. Después del terremoto de 2010, Chile estimó necesidades de reconstrucción cercanas a US$29,700 millones. Su experiencia demuestra la importancia de combinar recursos públicos, capacidad institucional y planificación para recuperar la infraestructura y la actividad económica.
Nepal, tras los terremotos de 2015, impulsó un programa de reconstrucción de viviendas con apoyo del Banco Mundial. La iniciativa combinó subsidios a las familias, asistencia técnica, capacitación de trabajadores y controles de calidad. Para 2020, el programa había contribuido a reconstruir más de 200,000 viviendas resistentes. La reconstrucción también generó actividad económica y oportunidades de empleo.
Panamá debe actuar en cinco frentes. Primero, realizar una evaluación pública y transparente de los daños, con costos estimados, prioridades y cronogramas. Segundo, reparar urgentemente carreteras, puentes, escuelas, centros de salud y sistemas de agua, garantizando seguridad estructural.
Tercero, establecer líneas de crédito, alivios temporales y mecanismos de apoyo para las micro, pequeñas y medianas empresas afectadas, condicionados a necesidades verificadas. Cuarto, contratar mano de obra local y promover a las empresas nacionales en las obras de reconstrucción, convirtiendo la inversión de emergencia en empleos e ingresos para las comunidades.
Quinto, financiar la recuperación con una combinación responsable de presupuesto público, cooperación internacional, seguros y crédito multilateral, sin sacrificar la sostenibilidad fiscal ni la transparencia.
La meta no debe ser reconstruir exactamente lo que teníamos, sino construir mejor: con infraestructura más resistente, ordenamiento territorial y protocolos de prevención. El terremoto representa una prueba para Panamá, pero también una oportunidad para demostrar que la solidaridad puede convertirse en gestión, inversión productiva y desarrollo.
Salir adelante exige rapidez, responsabilidad y unidad. Sin colores políticos. La reconstrucción no se medirá solamente por lo que logremos reparar, sino por los empleos que recuperemos, las familias que protejamos y la capacidad que construyamos para enfrentar el próximo desafío.
