La estabilidad jurídica impactada por flagelos
El tráfico de influencias y la corrupción forman una simbiosis tóxica que erosiona los pilares de cualquier gestión. Cuando los intereses personales o de grupos privilegiados se imponen sobre el bien común, la toma de decisiones se desvía de su propósito legítimo, afectando la equidad y transparencia en la administración pública. Con estas acciones se deteriora la dermis de la integridad de la administración, vemos como estas prácticas nocivas despojan a la administración de su capa protectora de credibilidad y confianza. Sin integridad, las instituciones pierden legitimidad y se convierten en instrumentos de favoritismo y abuso de poder, lo que genera un círculo vicioso de impunidad.
Asimismo, el tráfico de influencias cercena la seguridad jurídica del país, pues socava la aplicación justa y equitativa de las normas. Cuando el acceso a la justicia y a los beneficios gubernamentales depende de conexiones personales en lugar de méritos o principios legales, el Estado de derecho se debilita. La incertidumbre jurídica ahuyenta la inversión, obstaculiza el desarrollo económico y fomenta la desconfianza ciudadana en sus instituciones.
En consecuencia, combatir el tráfico de influencias y la corrupción no es solo una cuestión ética, sino una necesidad para garantizar la estabilidad democrática, el crecimiento económico y la equidad social. La implementación de mecanismos de transparencia, el fortalecimiento de las instituciones y la promoción de una cultura de responsabilidad son esenciales para restaurar la dermis de la integridad gubernamental y garantizar la seguridad jurídica de la nación. * Ciudadano.
