Ministro Pino: Extinción de dominio y la búsqueda de consenso
El proyecto de Ley sobre extinción de dominio propone crear y desarrollar un marco normativo que permita al Estado aplicar la ley contra los bienes de origen o destinación ilícita, con lo cual se busca combatir a las organizaciones criminales a través de la persecución de los activos que componen su patrimonio y que son utilizados precisamente para financiar las actividades delictivas en todo nivel.
Durante las últimas semanas hemos sido testigos del segundo intento, por parte de la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional, para que, a través de una subcomisión, se logre la discusión del proyecto de ley No. 625, que adopta la legislación de Extinción de Dominio de Bienes Ilícitos, presentada en abril de 2021.
En una primera oportunidad, con una subcomisión presidida por la Diputada Corina Cano, y con la participación de los Diputados Juan Diego Vásquez y Crispiano Adames, la metodología seleccionada se dirigió a realizar “estudios, gestiones y consultas sobre el proyecto de ley 625”.
Con este propósito, se llevó a cabo un foro durante el cual abogados penalistas nacionales, expertos internacionales en extinción de dominio, catedráticos, además de representantes de la sociedad civil compartieron comentarios, observaciones y consideraciones sobre la figura de la extinción de dominio, generando opiniones a favor y en contra del proyecto de ley.
Hoy en día, con una nueva subcomisión, presidida en esta ocasión por el Diputado Víctor Castillo, ha recibido a todas las personas que estén dispuestos a compartir sus aprehensiones, dudas, consultas, y/o aportes para que el proyecto de ley presentado inicialmente por el Ministerio de Seguridad Pública, sea “perfeccionado”, en el entendido que, el propósito es lograr un documento que responda a las inquietudes manifestadas y se adapte a la realidad jurídica, social y cultural de nuestro país.
Sin embargo, observamos con preocupación que la interacción que se ha dado a la fecha no ha facilitado un debate amplio con los respectivos intercambios de opiniones y los correspondientes aportes puntuales con la finalidad de ponderar de manera integral, un proyecto de ley que nos invita a explorar alternativas jurídicas novedosas y actualizadas que responden al contexto nacional e internacional, adecuando nuestro ordenamiento jurídico con herramientas prácticas dirigidas a promover la cero tolerancia contra el crimen organizado.
De igual forma, contempla el respeto y reconocimiento de la propiedad privada, bajo el principio constitucional de que los bienes de origen o de destinación ilícita no pueden gozar de legitimidad ni son susceptibles de protección legal; aunado a esto, existe una necesidad de restablecer el orden jurídico al procurar que el Estado, una vez recupere esos bienes, garantice que los mismos sean utilizados de la mejor forma posible, y esto es, en real beneficio de sus ciudadanos.
Más allá de considerar la extinción de dominio un mero instrumento jurídico para perseguir bienes ilícitos, o de limitar su estudio a determinar su naturaleza penal o civil, sería interesante considerarla desde una perspectiva ética, pues debe concebirse como un mecanismo de control social que contribuya a reafirmar la vigencia de los principios éticos que están dirigidos precisamente a proclamar la lícita adquisición de derechos.
Definitivamente, la propuesta de ley de extinción de dominio ha sido un tema que ha generado criterios encontrados, que requieren ser confrontados y evaluados de manera objetiva, considerando que, si bien es cierto, nuestro país no se ha visto impactado por una violencia exacerbada como resultado del crimen organizado, no podemos desconocer que el delito no cesa.
Por último, a pesar que contamos con normas dirigidas a contrarrestar la actividades delictivas no debemos soslayar que la figura de extinción de dominio permitiría a las autoridades disponer de herramientas prácticas para complementar esa persecución criminal, que potencie sus capacidades y facilite su ejercicio eficiente, es por lo anterior que exhortamos a que se continúe con la discusión, se consideren los aportes para realizar las adecuaciones necesarias hasta contar con un instrumento jurídico robusto que satisfaga las necesidades de nuestra sociedad salvaguardando los mejores intereses del Estado, lo que solo se logra a través de un verdadero consenso.
