Nadie corrompe a nadie

Se atribuye al ingeniero Norberto Odebrecht una frase provocadora: “Yo no corrompí a nadie; esos políticos ya eran delincuentes cuando los conocí”. Más allá de si la dijo o no, encierra una verdad incómoda: nadie corrompe a nadie. La corrupción —a diferencia de los metales o alimentos que se corrompen por naturaleza— nace de decisiones humanas y se multiplica en sistemas que la toleran.

La corrupción es un virus social que convierte la convivencia en “suciedad”: distorsiona los incentivos, encarece los servicios públicos, desmoraliza a los honestos y normaliza lo inaceptable. En sociedades con decencia cívica, moral pública, transparencia y, sobre todo, certeza del castigo, la corrupción no encuentra terreno fértil. Donde esa certeza es débil, la impunidad florece. Y duele admitirlo: a veces eslabones del propio sistema de justicia se suman a la cadena de la corruptela. Sin voluntad política real, el problema se recicla.

Un ejemplo reciente: el Procurador General presentó proyectos legislativos para combatir la corrupción que —según se reportó— fueron rechazados en primer debate por bancadas partidarias. No sorprendió a nadie: parecía confirmar que “¿y lo mío?” sigue mandando. Este tipo de episodios nos obligan a pedir fechas y documentos; el escrutinio informado es también un antídoto.

Conviene recordarlo: no hay corruptos sin corruptores. Muchos de los grandes escándalos revelan “transacciones entre empresas y funcionarios”. La captura del Estado no empieza siempre arriba; también desde la base se aprende a doblar reglas: el ciudadano que vende su voto o su conciencia por un favor es tan partícipe como el que lo compra, y hay sindicalistas que confunden la defensa del colectivo con la agenda de sus cúpulas.

¿Hay esperanza? Sí, pero por etapas.

A corto plazo: seamos realistas. Persisten políticos que creen que el poder “les toca” y burocracias que no se conciben como “servidores públicos”. Sin controles y sanciones “predecibles”, el costo de transgredir sigue siendo bajo.

A mediano plazo: quizás. Hay generaciones jóvenes que hablan de principios y reforma. El gran cortafuegos es el “Gobierno Digital”: trámites trazables, licitaciones abiertas por defecto, datos públicos reutilizables, pagos electrónicos y cruces automatizados. A más proceso digital y auditable, menos tentación. Aquí la “Inteligencia Artificial” puede detectar patrones anómalos en contrataciones y patrimonio, si —y solo si— la ley obliga a usarla y a publicar resultados.

A largo plazo: sí. Si hoy sembramos Estado digital, educación cívica y cultura de rendición de cuentas, mañana tendremos funcionarios profesionales y ciudadanos que no dependen del favor, sino del “derecho”. Hay que romper la adicción a la dádiva estatal: el subsidio debe migrar a “educación y salud de primer mundo”, no a clientelas.

La historia enseña que se puede avanzar, pero también que cuesta. Panamá está por cumplir 122 años de vida republicana. Es tiempo de que el “progreso” signifique instituciones que funcionan para todos.

Cierro con una precisión y un compromiso. La célebre advertencia de Lord Acton reza: “El poder corrompe; el poder absoluto corrompe absolutamente”. Para que el poder no corrompa, limitemos el poder con instituciones, datos abiertos y sanciones ciertas. Y para que “nadie corrompa a nadie”, asumamos responsabilidad personal: no pagar, no aceptar, no pedir.

¿Estaré aún en esta vida para ver esa tercera etapa? No lo sé. Lo que sí sé es que empieza hoy, cuando cada quien —gobierno, empresa, sindicato, ciudadano— decide ponerse del lado correcto y deja de esperar que otro lo haga primero.

“La corrupción no es destino: es decisión y sistema. Gobierno digital + sanción cierta = menos tentación.”

* Comentarista de Opinión.