Panamá necesita: Datos, no consignas
Panamá no puede seguir administrando su futuro con temor. Hay momentos en que gobernar exige decidir, aunque la decisión tenga costo político. La minería responsable y el futuro económico son temas que el país no puede seguir escondiendo debajo de la alfombra, mientras miles de familias sienten que la vida se encarece, que el salario no alcanza y que el empleo digno se aleja.
Los datos están sobre la mesa. La auditoría integral de Cobre Panamá, publicada por MiAmbiente y reportada por medios internacionales, registró un cumplimiento relativo de 87.73%, es decir, cerca del 88%. No dijo que todo era perfecto. Señaló temas por corregir: reforestación, biodiversidad, agua, erosión, drenaje ácido, relaves y restauración ambiental. Pero una auditoría no se hace para guardar papeles. Se hace para ordenar, exigir, corregir, sancionar si corresponde y decidir.
Mientras tanto, la realidad social no espera. Según el INEC, la tasa de desempleo nacional se ubicó en 10.4% en la medición oficial de 2025. Acodeco reportó en junio una canasta básica de alimentos de B/.303.45 en supermercados y B/.361.36 en minisúper. Para Panamá y Colón, los precios máximos vigentes hasta el 10 de julio de 2026 fueron B/.4.46 por galón para gasolina de 95 octanos, B/.4.20 para la de 91 y B/.4.18 para el diésel. En electricidad, los pliegos tarifarios regulados de 2026 muestran cargos por energía que, según distribuidora y consumo, pueden superar B/.0.17 e incluso B/.0.20 por kWh.
Esos números no son fríos para quien vive de un salario. Son la diferencia entre pagar la luz o comprar comida. Para un pequeño empresario, son la diferencia entre mantener abierta la empresa o despedir trabajadores. Para una familia humilde, pueden significar postergar útiles escolares, endeudarse o depender de que los hijos ayuden en casa para sobrevivir. UNICEF ha advertido que el 35% de los niños, niñas y adolescentes en Panamá vive en pobreza, y que el 7% de la población entre 5 y 17 años está fuera del sistema educativo.
Por eso no podemos tener miedo a hablar de economía, desarrollo y prosperidad. Hablar de minería responsable no es traicionar al ambiente. Es exigir que el ambiente se proteja con ciencia, monitoreo, fiscalización, transparencia y cumplimiento legal. La Ley General de Ambiente, la normativa minera, los estudios de impacto ambiental y las obligaciones laborales existen para que el Estado no sea espectador, sino autoridad.
El Gobierno debe gobernar. No puede limitarse a medir encuestas, calcular reacciones o esperar que el problema desaparezca solo. Panamá necesita inversión, empleo formal, proveedores nacionales, regalías justas, control ambiental y seguridad jurídica. La minería no es la única respuesta, pero puede abrir puertas para un país que necesita producir más y depender menos de la improvisación.
Los panameños que creemos en un mejor futuro no podemos cruzarnos de brazos. El hambre no espera. El desempleo no espera. Las empresas que sobreviven tampoco esperan. Panamá ya tiene datos. Ahora el Gobierno debe actuar, decidir y asumir su responsabilidad histórica. No mañana. No cuando pase el costo político. Ahora.
Fuentes consultadas: MiAmbiente; reportes internacionales sobre Cobre Panamá; INEC; Acodeco; Secretaría Nacional de Energía; ASEP; UNICEF Panamá.
*El autor es CEO de GRUPO CAMSA Panamá y expresidente de la Cámara Minera de Panamá
