Reactivar la mina por riesgo ambiental
En estos momentos estamos próximos a cumplir un mes desde la entrada del nuevo Gobierno Nacional y conocemos por declaraciones del presidente de la República de Panamá, que su prioridad es entrar en el debate para resolver el tema de la Cja de Seguro Social (C.S.S.). Ahora bien debemos reconocer que al que le tocará gobernar durante estos cinco años va tener que hacer una labor titánica para poder palear el tema económico.
Independientemente de lo anterior, nos parece que el Presidente tiene toda la capacidad y buenas intenciones de asumir este reto de forma seria y responsable. Ante esto, tengo que recomendarle que así como su prioridad es la C.S.S., también hay que estar muy atentos al tema del cese de operaciones de la mina, que nos ha causado un hoyo grandísimo en nuestras finanzas públicas, dejando de aportar un 5% al Producto Interno Bruto (P.I.B.).
Sin embargo, ese no es el único problema que tenemos en la actualidad porque el gobierno anterior no resolvió, ni atendió el peligro de seguridad y medioambiental existente desde que cesó operaciones la mina. Nos referimos a las 132,000 toneladas de concentrado de cobre que se encuentran almacenadas desde hace más de 9 meses, y que están generando una gran cantidad de gases que ponen en riesgo el sitio.
Exhorto al presidente Mulino, a que se haga eco de sus palabras, y realicé una auditoría ambiental en el lugar de los hechos, y de esa manera por percepción propia y de expertos conocer en forma veraz y responsable la situación real que existe en la mina para que se tomen las medidas necesarias, con el fin de evitar una catástrofe ambiental y de seguridad.
La minera desde el mes de enero entregó al gobierno pasado, en este caso al Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), un plan de Preservación y Gestión Segura, que durante las siguientes 6 meses no tomaron sobre él las más mínima decisión, dejando toda la responsabilidad al nuevo gobierno.
Es de urgencia notoria por el principal riesgo ambiental en la mina, que se exporten las más 132,000 toneladas de concentrado de cobre que continúan almacenas en el área.
Es más, es de importancia mencionar, que incluso el pasado 14 de mayo fue una comitiva intergubernamental a la mina, recomendando la exportación de ese material, pero ni así el gobierno anterior tomó una decisión, manteniendo el peligro de los gases que emanan del concentrado de cobre almacenado. En condiciones normales; o sea si la mina estuviera funcionando, este material no permanecía más de 3 semanas en las galeras y sería exportado, casualmente por los riesgos ambientales que acarrea el mismo.
Creemos que el camino a seguir es que la mina empiece a operar lo antes posible, que se exporte el concentrado de cobre existente para evitar peligros innecesarios y se posibilite la reactivación de la economía. * El autor es abogado y exadministrador de la ACODECO.
