Se necesita Ley de Extinción de Dominio
María Teresa Patiño Amor
Frente a los casos Waked, Mossack-Fonseca y la corrupción abrumadora del gobierno pasado surge una interrogante: ¿realmente habrá castigo para los involucrados? o ¿todo quedará en nada? Hasta ahora hay mucho ruido y pocas nueces, con gente presa, otras puestas en libertad, unos con inmunidad y todos favorecidos por un sistema que adolece de medidas claras y expeditas para un castigo oportuno; sin contar con el desprestigio de las instituciones y funcionarios encargados de impartir justicia. Asimismo, algunos corruptos condenados que, al final de su proceso, disfrutan de su botín y una nueva, ¡y buena vida!, restaurada por don dinero. Abogados conocidos aseveran que, hoy más que nunca, se necesita que la Asamblea desempolve la Ley de Extinción de Dominio, iniciativa de Ana Matilde Gómez, la cual permite al Estado despojar de bienes mal habidos a quienes se dediquen al narcotráfico, blanqueo de capitales, terrorismo, contra la administración pública y toda actividad ilícita que genere beneficio económico al crimen organizado. Esta aplica también para aquellos con un incremento patrimonial no justificado, que permite considerar que proviene de actividades ilícitas. Con la corrupción que nos desborda esta ley ofrecería una oportunidad de reivindicarse a los diputados y a los administradores de justicia. En 2014, la entonces procuradora, Ana Belfon, presentó a la Asamblea la propuesta de ley explicando que “la propiedad privada adquirida legítimamente es un derecho fundamental protegido por la Constitución”, sin embargo, “este derecho no puede ser reconocido cuando se trate de bienes producto de actividades ilícitas o criminales”. Nuestros vecinos, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Guatemala y Honduras, incorporaron esta legislación que consiste “en la titularidad a favor del Estado de los bienes a que se refiere esta ley, sin compensación de naturaleza alguna para el titular que haya recibido una sentencia judicial en firme”. En 2015, Kenia Porcell, actual procuradora, solicitó el retiro del proyecto de ley para efectuar adecuaciones “que satisfagan las necesidades jurídicas de la materia penal de que se trata”. Y mientras acá “andamos en Bosnia”, en Colombia un fiscal ya advirtió que podría iniciar un proceso de extinción de dominio o expropiación al grupo empresarial La Riviera si se comprueba su relación con el blanqueo de dinero del narcotráfico. En tanto, penden de un hilo los puestos de trabajo de más de cinco mil empleados y las afectaciones a nuestra economía no tardarán en hacerse sentir. No estaría mal que a los corruptos les aplicaran dicha extinción para que devuelvan lo robado. El ciudadano espera sanciones ejemplares tras tanto escándalo. Y sobretodo que el gobierno detenga la corrupción y el dinero sucio que corroe a la democracia.
*La autora es comunicadora social.
