Adelantan catorce solicitudes de revocatoria de mandato
El Código Electoral y la Constitución recogen disposiciones sobre el tema, incluyendo cuántas firmas se necesitan, los plazos, los procedimientos y quiénes pueden iniciar un proceso de revocatoria de mandato ante un funcionario electo
La Dirección Nacional de Procesos Electorales del Tribunal Electoral (TE) mantiene actualmente en trámite 14 solicitudes de revocatoria de mandato, además de una apelación pendiente de resolución relacionada con el caso de Diógenes Galván, alcalde del distrito de Colón, informó Rubén González, director nacional de Organización Electoral.
En cuanto a la recolección de firmas, González detalló que existen nueve iniciativas activas, entre ellas contra: José Enrique Pérez, representante del corregimiento de Vacamonte; Raquel Murillo, representante de Juan Demóstenes Arosemena; Olga Paulette Thomas, diputada independiente del circuito 8-3; Manuel Cheng, diputado del circuito 13-1; y Stefany Peñalba, alcaldesa del distrito de Arraiján.
El director enfatizó que el proceso de revocatoria de mandato se fundamenta en la Constitución, la cual otorga a la ciudadanía la facultad de solicitar la revocatoria de quienes resultaron electos mediante el voto popular.
“Este procedimiento no implica una responsabilidad legal. Aquí no se ventila si el funcionario ha cometido un delito o falta; se trata de un mecanismo de participación ciudadana que reconoce que, así como el pueblo otorga el voto, también puede solicitar su retiro”, recalcó el funcionario.
El Tribunal Electoral ha habilitado todas sus oficinas regionales y distritales para atender los trámites relacionados con estas solicitudes, en un horario de 7:30 a.m., a 3:30 p.m.
Cabe mencionar que en este proceso de revocatoria de mandato también están involucrados algunos suplentes de representantes. La evaluación y la cantidad de firmas recolectadas determinarán hasta dónde podrán avanzar dichas solicitudes.
ML | El mecanismo de revocatoria de mandato es una de las herramientas de control político que busca garantizar la rendición de cuentas de los funcionarios electos, siendo una expresión directa de la democracia participativa.
El proceso inicia con la solicitud de los ciudadanos, continúa con la fase de recolección de firmas y, de cumplirse los requisitos establecidos por la ley electoral, puede derivar en una consulta popular para decidir la permanencia o destitución del funcionario.
Este procedimiento les da la oportunidad a los votantes de dar por terminado el mandato que le han conferido a una autoridad electa.
