Contraloría rechaza acusaciones de “extorsión” y defiende suspensión de pagos a funcionarios
La Contraloría General de la República rechazó las declaraciones de diputados de la Coalición Vamos que califican como “extorsión” la suspensión de pagos a determinados funcionarios, al tiempo que defendió que las medidas responden a la aplicación de normas vigentes de control administrativo.
En un pronunciamiento, la entidad aseguró que “dichas acciones no responden a decisiones arbitrarias ni a motivaciones políticas, sino al cumplimiento estricto de las normas que rigen la administración pública y el control del gasto del Estado”.
Según explicó, la institución tiene la obligación de verificar que todo pago esté sustentado en el cumplimiento efectivo de funciones, en apego a lo establecido en la Ley 32 de 1984 y la Ley 9 de 1994. En ese contexto, indicó que las medidas se sustentan en resoluciones emitidas desde 2025 y 2026, orientadas a validar el cumplimiento de disposiciones relacionadas con el registro de asistencia y puntualidad de los servidores públicos.
La Contraloría también informó que elevó una consulta a la Procuraduría de la Administración sobre la excepción del marcaje en funcionarios de la Asamblea Nacional. De acuerdo con la respuesta, “únicamente el Presidente en ejercicio y el Secretario General, de manera separada, pueden exonerar del registro obligatorio de asistencia a los funcionarios”. No obstante, señaló que ha detectado casos en los que esta disposición no se ha cumplido.
En un comunicado, la Coalición Vamos señaló que 39 funcionarios habrían sido colocados en licencia sin sueldo sin haberlo solicitado, indicando que la medida “fue aplicada de forma unilateral” y que los casos aparecen bajo estatus de “investigación”, “sin que exista información clara sobre las causales, el sustento o el debido proceso seguido”.
