Impulsan iniciativa que busca castigar el transfuguismo
La propuesta ciudadana busca sancionar esta práctica, proteger el mandato otorgado por los electores y establecer consecuencias para los funcionarios que abandonen la plataforma con la que fueron electos, según el proponente
La destitución del cargo, multas equivalentes a dos años de salario, la devolución del financiamiento público electoral, la inhabilitación para ejercer cargos públicos y penas de hasta diez años de prisión forman parte de las sanciones incluidas en una propuesta ciudadana presentada por el abogado Abdiel González para combatir el transfuguismo político en Panamá.
El jurista explicó que la propuesta de Acción Grupal Unidos por Arraiján (AGUA) busca “regular el ejercicio del mandato popular una vez conferido, la lealtad al partido o plataforma política con el cual se obtuvo el cargo, y la protección de la voluntad del elector consagrada en el Artículo 2 de la Constitución”.
El anteproyecto propone modificar el Código Electoral para permitir que el Tribunal Electoral declare la vacancia del cargo de autoridades electas que incurran en transfuguismo, dentro de un plazo de 15 días hábiles tras comprobar la infracción. El cargo sería asumido por el suplente de la nómina original, siempre que continúe en la misma plataforma política.
La propuesta también contempla sanciones para los partidos políticos que reciban a funcionarios declarados tránsfugas. Entre ellas se incluyen multas equivalentes a veinte veces el financiamiento público anual, la reducción de beneficios derivados del subsidio electoral y la prohibición de postular candidatos en la circunscripción correspondiente durante las dos elecciones siguientes.
La iniciativa define como transfuguismo la renuncia voluntaria del funcionario al partido político o plataforma de libre postulación que respaldó su candidatura, la afiliación a otra organización política o la integración a una bancada distinta durante el período para el cual fue elegido.
“Los principios y los valores son personales; provienen de nuestra formación familiar, personal y religiosa. Aceptar esa propuesta sería sostener, de manera absurda, que son los partidos políticos quienes otorgan los principios y los valores”.
“No veo la razón para eso. No es un delito que una persona decida cambiar de partido o movimiento político si considera que ya no comparte sus ideas. Restringir esa decisión representa una limitación a la democracia y a la libertad de expresión”.
“Quiero aclarar que esta propuesta ciudadana no limita la libertad de pensamiento, conciencia ni de asociación, lo que sanciona es el uso fraudulento del mandato popular obtenido con una plataforma para ejercerlo con otra”.
“Habría que evaluar si esta iniciativa debe formar parte de una reforma más amplia del sistema político-electoral. En principio, puede ayudar a reducir el clientelismo, el oportunismo y los cambios de partido por intereses personales cada cinco años”.
