Propuesta de antidoping para diputados genera debate
Los parlamentarios estarían sujetos a pruebas de control de laboratorio para detectar drogas ilícitas o de abuso potencial, de manera periódica o aleatoria, una vez al año, durante los períodos legislativos
El anteproyecto de ley que busca que tanto los diputados como sus suplentes se sometan de manera obligatoria al procedimiento de control de consumo de sustancias ilícitas ha generado debate.
De acuerdo con su proponente, el diputado Jorge González, el nuevo artículo que se incluiría en el Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional indica que los parlamentarios se realizarán “pruebas de control de laboratorio para detectar drogas ilícitas o de abuso potencial, de forma periódica o aleatoria una vez al año, durante los períodos legislativos”. Agrega que “estas pruebas se aplicarán conforme a los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud, en coordinación con la Comisión Nacional para el Estudio y la Prevención de los Delitos Relacionados con Drogas”.
“El incumplimiento injustificado de esta disposición, así como la obtención de un resultado positivo en la prueba de control, será considerado una falta grave a la ética parlamentaria y será atendido de acuerdo con las disposiciones establecidas en el Reglamento”, añade la propuesta.
Respecto a las sanciones para la persona que obtenga un resultado positivo en la prueba de antidoping, González indicó que “la Comisión de Credenciales estudiará y emitirá concepto”.
Para algunos abogados, esto podría caer en un vicio de inconstitucionalidad. Además, recordaron que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha reconocido que una adicción es una enfermedad física y psicoemocional que crea una dependencia o necesidad hacia una sustancia, actividad o relación, por lo que “debe ser tratada y no crear sanciones a una persona enferma de este tipo”.
“Una de las principales razones de la propuesta es que en la Asamblea estamos en constante toma de decisiones, para las cuales debemos estar a cabalidad en cuanto a pensamiento crítico y razonamiento mental”.
“Yo creo que el enfoque que le está dando el diputado no es el correcto, es un enfoque sancionador producto de una enfermedad y hay es que buscar la manera de rehabilitación de esa persona a través de algún programa”.
“Esperamos que más que un requisito del Reglamento, que podría tener un vicio de inconstitucionalidad, debería ser un acto de desprendimiento para que muestren de que están en el uso de sus facultades”.
ml | Adrián Almeida, director de Remar Panamá, resaltó que “la adicción está catalogada como una enfermedad mental, y como tal las personas que están enfermas tienen derecho constitucional de ser atendidas”. “La adicción anula la capacidad de la persona de poder decir no (al consumo)”, agregó.
