APEDE pide derogar la restricción que oculta expedientes portuarios en Panamá
La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) solicitó a la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) explicar públicamente las razones que motivaron la Resolución J.D. N.° 012-2026 y reconsiderar la restricción, por diez años, del acceso a la información contenida en los expedientes administrativos de su Dirección General de Puertos e Industrias Marítimas Auxiliares.
Mediante un comunicado, el gremio manifestó sumarse al llamado del presidente de la República, José Raúl Mulino, para revisar esta medida.El gremio empresarial rechazó la aplicación de una reserva generalizada que limita el escrutinio público sobre actuaciones vinculadas con concesiones, licencias de operación e investigaciones administrativas en un sector estratégico para la nación.
Asimismo, la asociación advirtió que restringir la información de esta manera restará a Panamá confianza, credibilidad y capacidad para atraer inversiones, al tiempo que dificulta la fiscalización ciudadana y genera incertidumbre sobre decisiones que deben sustentarse en reglas claras y procedimientos transparentes.
Si bien la asociación reconoció que algunos documentos pueden contener datos personales, secretos comerciales u otra información que amerite protección, señaló que dicha necesidad no justifica bloquear el acceso a la totalidad de los expedientes. Por ello, instó a la AMP a precisar qué riesgos busca atender, cuál es el sustento para establecer una restricción de diez años y por qué se optó por una medida generalizada en lugar de resguardar únicamente los datos sensibles.
En su pronunciamiento, la APEDE propuso dejar sin efecto la restricción general y establecer criterios específicos y proporcionales de reserva, en consonancia con la Ley N.° 6 de Transparencia de 2002. Para ello, sugirió implementar versiones públicas de los expedientes que resguarden los datos protegidos sin impedir el acceso al resto de la información.
Para la organización, explicar y rectificar esta decisión constituiría una señal concreta de compromiso con la institucionalidad, la seguridad jurídica y la competitividad de Panamá en un sector clave para la economía nacional.
