Comercios tienen un año para adecuarse y cumplir ley que fija precio final a productos
El diputado Augusto Palacio, impulsor de la ley dijo que “no se trata de una falta de preparación, ya que los comercios han avanzado, pero el plazo inicial de un año era insuficiente y requieren tiempo para adecuaciones operativas”
Los comercios, supermercados, farmacias, restaurantes y bares tendrán hasta julio de 2027 para hacer las adecuaciones operativas pertinentes para cumplir con la Ley que los obliga a mostrar el precio final de los productos incluyendo el Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles y Servicios (ITBMS).
La decisión que fue aprobada por el Ejecutivo quedó establecida en la Ley 531, que prorroga hasta julio de 2027 la entrada en vigencia de la Ley 473 de 2025, denominada “Ley de Precio Único”.
La normativa señala que en todo establecimiento o canal de ventas de bienes o presentación de servicios, deberá colocarse en forma clara, precisa y en lugar visible todos los cargos correspondientes a impuestos o las tasas nacionales legalmente establecidas.
Por ejemplo, si compra un suéter de $10.99, el mismo debe decir en la etiqueta que el costo final es $11.75, porque ya incluye el ITBMS, por lo que el consumidor deberá pagar en caja exactamente ese precio, sin cargos adicionales.
El diputado Augusto Palacios, proponente de esta la ley, indicó que la decisión de aplazar la entrada en vigencia “responde a solicitudes del sector comercial, quienes plantearon la necesidad de contar con más tiempo para culminar los ajustes operativos que requiere la aplicación de la norma”.
Palacios agregó que “extender la entrada en vigencia de la ley permitirá adecuar sistemas internos, así como también contar con una debida rotulación, lo que permite una implementación más ordenada y efectiva”.
En tanto, Arturo Arango asesor de la junta directiva de la Unión Nacional de Pequeñas y Medianas Empresas (UNPYME), dijo que “es la mejor decisión que se ha tomado, ya que consumidores y comerciantes requieren una integración gradual”.
Añadió que “trasladar esta medida a otro momento permitirá avanzar poco a poco en la educación del consumidor, hasta que las personas conozcan cómo se manejará el proceso”.
Por su parte, el economista Patricio Mosquera, comentó que “el aplazamiento debe leerse más como una decisión de implementación ordenada que como una señal negativa. La Ley de Precio Único tiene un propósito positivo que es poner al consumidor en el centro, dándole información clara desde el primer momento sobre cuánto va a pagar realmente”.
Mosquera manifestó que “bien implementada, esta ley puede fortalecer la confianza, mejorar la transparencia de precios y contribuir a una relación más clara entre consumidores y empresas”.
