Concesiones requieren mayor fiscalización, dicen empresarios

Empresarios aseguran que los resultados de la auditoría realizada por la Contraloría General de la República, al contrato entre Panama Ports Company (PPC) y el Estado panameño, revelan los fallos que existen en la fiscalización de concesiones. Coinciden que la coyuntura representa una oportunidad para que el país recupere los ingresos que le pertenecen.

El contralor de la República, Anel Flores, ha señalado que la modificación del contrato deterioró la participación panameña en las ganancias de la empresa, ocasionado un perjuicio económico para el país que “anda por el orden de $1.2 billones a razón de $55 millones, por año, que se dejaron de percibir”.

El expresidente del Consejo Empresarial Logístico (COEL), Rodolfo de la Guardia, señaló que “los resultados reportados por el contralor Flores sugieren que Panama Ports Company no ha cumplido plenamente con sus obligaciones contractuales, generando un perjuicio económico masivo al Estado panameño durante más de dos décadas”. Añadió que “esto apunta a fallos sistémicos en la fiscalización de concesiones portuarias, una gestión deficiente por parte de autoridades previas y la necesidad urgente de reformas legales y administrativas”.

Por su parte, el expresidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, Adolfo Linares, indicó que “lo más importante que ha revelado la conferencia del contralor es el alcance de más de 1,200 millones de dólares, es una cifra importante”. Afirmó que se debe confirmar "exactamente cuánto es todo eso que se ha dejado de pagar por las razones que sea, incluyendo los montos que se dejaron de pagar producto de la modificación del año 2002 que a todas luces fue equivocada y contradictoria a los intereses del país”. Según Linares, “con PPC lo mejor que puede pasar es que la venta con BlackRock se concluya y se condicione a que paguen ese alcance. Es una gran oportunidad de Panamá para cobrar esa plata”.

En tanto, Alberto López Tom, expresidente de COEL, expresó que “el Estado es socio de PPC. Cualquier despilfarro en gastos para reducir ingresos o sumas dejadas de pagar, es exclusiva responsabilidad de todos los representantes del Estado en esa Junta Directiva, a través de los años y de los contralores pasados”.