La Acodeco refuerza la vigilancia de fusiones empresariales para proteger la libre competencia
ridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) ha analizado 18 concentraciones económicas relacionadas con fusiones, adquisiciones y otras transacciones empresariales en diversos mercados de bienes y servicios. Estas evaluaciones, realizadas de oficio y a partir de solicitudes previas de agentes económicos interesados, han abarcado sectores como la banca, las telecomunicaciones, los seguros, la distribución de automóviles y las plataformas digitales de entrega de comida, entre otros.
El director nacional de Libre Competencia de la Acodeco, Diego Morales, explicó que la Ley 45 del 31 de octubre de 2007 establece que la aprobación previa de la institución para estas operaciones es voluntaria, pero “prohíbe aquellas concentraciones económicas cuyo objeto o efecto pueda disminuir, restringir, perjudicar o impedir la libre competencia y la libre concurrencia en los mercados”. De acuerdo con los artículos 21 y 27 de dicha legislación, una concentración representa un riesgo cuando otorga a una empresa la capacidad de fijar precios unilateralmente, restringir el abastecimiento, desplazar a competidores, impedir el acceso de nuevos participantes o facilitar prácticas monopolísticas prohibidas. Por ello, la entidad puede examinar de oficio estas operaciones y, en sus evaluaciones, considera también si la transacción puede incrementar la producción o distribución de bienes y servicios, fomentar el progreso técnico o económico e impulsar el desarrollo competitivo del sector.
Ante este escenario, la Acodeco recomienda a los agentes económicos que, antes de concretar una fusión, adquisición u otra operación de concentración, acudan voluntariamente a la institución para solicitar un concepto sobre sus posibles efectos en la competencia. Esta práctica preventiva brinda mayor certeza a las empresas y ayuda a evitar operaciones que puedan perjudicar el funcionamiento competitivo de los mercados. La institución reiteró que la vigilancia de las concentraciones económicas forma parte de su función de protección de la libre competencia, en beneficio de los consumidores y del desarrollo de un entorno donde todos los agentes puedan participar en condiciones equitativas.
