Piden suspender cobros a importadores de atún, sardinas y aceite de soya
El abogado y corredor de aduanas Venancio Serrano presentó una solicitud formal ante el administrador general de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), Eduardo Carrasquilla, para que se suspendan las medidas que obligan a los importadores de atún, sardinas enlatadas y aceite de soya a obtener una licencia de comercialización.
En la petición, el jurista, quien se desempeñó como asesor legal de la Unión Nacional de Corredores de Aduanas de Panamá (UNCAP), exige frenar los cobros adicionales aplicados por las tasas de inspección de contenedores.
Con esta iniciativa busca aliviar las cargas regulatorias y económicas que afectan al sector de importación de estos productos esenciales.En la nota, Serrano solicita aclarar el fundamento jurídico que sustenta la aplicación de este requisito a productos procesados y enlatados fuera de la jurisdicción panameña, procedentes de países como China, Malasia y Estados Unidos.
El jurista argumenta que la Ley 204 del 18 de marzo de 2021 y el Decreto Ejecutivo No. 13 del 1 de noviembre de 2023 establecen las competencias de la ARAP sobre los recursos acuáticos del territorio nacional, pero considera que dichas disposiciones no alcanzan a mercancías ya procesadas y envasadas en el extranjero.
Asimismo, advierte que la exigencia de estas licencias y los cobros asociados generan retrasos en los puertos, costos adicionales por almacenaje y un aumento en el precio final de productos de consumo masivo, lo que afecta directamente a la población.
De igual forma, cuestiona la inclusión del aceite de soya dentro de los controles aplicados por la ARAP mediante el Sistema Integrado de Gestión Aduanera (SIGA) de la Autoridad Nacional de Aduanas, al considerar que dicho producto no forma parte de los recursos marinos ni acuáticos sobre los cuales la institución tiene jurisdicción.
Serrano manifestó que estas medidas son incompatibles con las políticas gubernamentales orientadas a garantizar alimentos de calidad a precios accesibles, y sostuvo que afectan la dinámica del comercio local y la eficiencia de la administración pública.
