Respaldan reformas a ley que regula el sector eléctrico
El Proyecto de Ley presentado por el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, busca equilibrar la relación entre las empresas y usuarios, y fortalecer la regulación y supervisión del servicio
Para mejorar la calidad del servicio público de electricidad y reducir las constantes fallas que afectan a los usuarios, el Ejecutivo presentó ante la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley 10-26, que modifica el marco regulatorio del Texto Único de la Ley 6 de 1997 del sector eléctrico.
La iniciativa, respaldada por empresarios y economistas, busca que se reduzcan las fluctuaciones de voltaje y las interrupciones frecuentes que han provocado daños en equipos y electrodomésticos de clientes. A la vez, contempla créditos a favor de los usuarios y mayores herramientas para exigir a las empresas distribuidoras el cumplimiento de sus responsabilidades.
El proyecto establece que “todas las personas, naturales o jurídicas, públicas o privadas, tendrán derecho a que se apliquen créditos en sus facturas cuando se vean afectadas por el incumplimiento de los niveles de calidad establecidos en la normativa vigente. Estos créditos se aplicarían dentro del plazo determinado por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), una vez la resolución haya quedado ejecutoriada”.
La normativa plantea extender la cobertura del servicio a las áreas rurales o con población dispersa dentro de las zonas de concesión, conforme a lo establecido en los respectivos contratos.
El proyecto de ley contempla sanciones para los prestadores que incurran en infracciones a la ley o a los contratos de concesión. La ASEP podría imponer multas de B/.1,000 hasta B/.20 millones y multas reiterativas de B/.100 a B/.10,000 diarios por incumplir una orden de la Autoridad, hasta que esta sea acatada.
En el documento se establece que las multas impuestas a las empresas por determinadas infracciones deberán beneficiar a los usuarios mediante las tarifas, en un plazo máximo de 60 días.
También se faculta a la ASEP para ejercer el cobro coactivo de tasas, multas y resarcimientos económicos a clientes finales. En estos casos, el incumplimiento generaría un recargo mensual del 2% sobre el monto adeudado hasta su pago.
ml | La administradora general de la ASEP, Zelmar Rodríguez, destacó que la reforma busca modernizar y fortalecer la regulación del sector eléctrico, otorgando mayores herramientas para actuar ante interrupciones, fluctuaciones y otras deficiencias que afectan la calidad del servicio. agregó que “la iniciativa tiene como objetivo avanzar hacia un suministro eléctrico con mayor calidad, continuidad y confiabilidad, colocando al usuario como prioridad y fortaleciendo la capacidad de respuesta de la ASEP”.
