La justicia dominicana despenaliza las relaciones del mismo sexo en las FFAA y la policía
La justicia dominicana despenalizó el miércoles las relaciones sexuales entre parejas del mismo sexo en la policía y las fuerzas armadas, que hasta ahora las castigaban con hasta dos años de cárcel.
República Dominicana es un país altamente religioso y conservador. El matrimonio igualitario es ilegal y la comunidad LGBTQ+ es blanco de estigma.
El Tribunal Constitucional -máximo ente para dirimir temas referidos a la ley fundamental- declaró "no conformes a la Constitución" los artículos referidos a la "sodomía" en los códigos de justicia de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas.
Se "ordena su expulsión del ordenamiento jurídico", dijo la alta corte en una sentencia en la que previamente señala que "ambas normas" son "ostensiblemente inconstitucionales".
"Se ha podido comprobar que las normas impugnadas violan el principio de razonabilidad, discriminan de manera injustificada a las personas por su orientación sexual, afectan la intimidad, el libre desarrollo de la personalidad y el derecho al trabajo" de los funcionarios, añadió.
Los artículos están redactados prácticamente igual en ambas leyes. Definen la "sodomía" como "concúbito entre personas de un mismo sexo" y establece penas de seis meses y hasta dos años de cárcel para militares, y un poco menos para policías y otros miembros de las fuerzas armadas.
"La Constitución manda un trato en igual consideración y respeto a todas las personas, por lo que los poderes públicos están obligados a dispensar ese tratamiento a todos los dominicanos y a las dominicanas que desean prestar servicios militares al país que les otorga ese trato digno", señaló la corte constitucional.
La oenegé Amigos entre Amigos, que defiende los derechos de la comunidad LGBTQ+, celebró la sentencia.
"Es un gran avance en materia de jurisprudencia para la reivindicación de los derechos humanos de las personas homosexuales en la República Dominicana", dijo a la AFP el director Leonardo Sánchez.
Añadió que esto "se puede traducir en que otras organizaciones" también tengan "que respetar el derecho de las personas a vivir su vida de forma plena y en igualdad de derechos".
