Falta de recursos y seguimiento frenan protección de las víctimas
Ante los recientes hechos violentos contra mujeres, las autoridades y grupos civiles buscan nuevas alternativas para proteger a las víctimas
La falta de efectividad de las medidas judiciales de protección es de suma preocupación para activistas de derechos humanos, entidades gubernamentales y juristas. Instrumentos legales como la boleta de protección o las propuestas de brazaletes electrónicos no funcionan sin el debido seguimiento y recursos, afirman los grupos involucrados.
Irma Tuñón, vicepresidenta del Consejo Nacional de la Mujer (CONAMU), explica que, para muchos, este sistema de boletas de protección no es operativo. “La boleta de protección es una herramienta que no está funcionando para proteger a la mujer en peligro, debido a que es un documento que no tiene seguimiento de las autoridades. Muchas expertas sostienen que el proceso de investigación es muy largo y las víctimas desisten por problemas económicos”, asegura la especialista en Políticas Públicas y Estudios de la Mujer.
Esta medida institucional tiene como principio dar una respuesta rápida para prevenir hechos de violencia tras una denuncia, y se puede solicitar directamente en un juzgado de familia, juez de paz, fiscalía especializada, centro de Recepción de Denuncia DIJ o juzgados nocturnos.
Igualmente, existen 17 Centros de Atención Integral (CAI) que atienden entre 10 y 15 mujeres por día. Estos centros cuentan con especialistas como trabajadoras sociales, psicólogas y abogadas.
En cuanto al brazalete electrónico, cuyo plan piloto se puso en marcha en marzo del año pasado, “para ser eficiente tiene que existir una buena comunicación entre el sistema de justicia, los suministradores de los brazaletes y el sistema de seguridad. Además, para garantizar la protección, tiene que existir criterios definidos en la selección de las víctimas”, manifestó la activista.
Al respecto, la abogada Suky Yard planteó que, aunque los brazaletes pueden ser más efectivos, la falta de recursos se ha convertido en un obstáculo. “Los tomadores de decisiones en nuestro país piensan que el sistema de brazaletes electrónicos es muy costoso, siendo en mi opinión un mecanismo que ayuda a alertar a las víctimas. Sin embargo, dicen que no hay recursos”, afirmó la jurista.
ml | La orden de alejamiento está establecida en la Ley 38 de 2001 como una medida de protección que se aplica, generalmente junto con otras, para evitar que la víctima sea agredida después de presentar la denuncia.
Según información suministrada por el Ministerio Público, una vez presentada la denuncia, el fiscal debe valorar y determinar cuáles son las medidas. Para el seguimiento, la información se remite a la Policía Nacional, que debe atender el llamado de la víctima y realizar visitas de verificación al hogar.
Además, la víctima debe conocer el procedimiento notificar de inmediato a la Fiscalía sobre cualquier acto de quebrantamiento.
ml | El Defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc González, anunció la presentación de un proyecto de ley que busca modificar la Ley de Jueces de Paz. Se incluye la incorporación del uso obligatorio de brazaletes electrónicos para agresores en casos de violencia de género, y que el costo del dispositivo sea asumido por el agresor, cuando tenga los recursos, y subsidiado por el Estado en los casos en que no sea posible.
“Buscamos salvar vidas. El brazalete no solo es un dispositivo, sino parte de un sistema de monitoreo que debe funcionar con eficacia. Es fundamental que la víctima cuente con un sistema que le advierta si su agresor se encuentra cerca”, dijo.
