Gremios periodísticos alertan sobre anteproyecto que modifica el Código Penal
El Consejo Nacional de Periodismo, el Fórum de Periodistas por las Libertades de Expresión e Información, la Asociación Panameña de Radiodifusión y la Asociación de Periodistas de Chiriquí expresaron su preocupación por el Anteproyecto de Ley 51, que plantea modificaciones al Código Penal en materia de delitos contra el honor.
“Como gremios reconocemos la necesidad de proteger a las personas frente a la suplantación digital, los deepfakes maliciosos y otras formas de manipulación tecnológica utilizadas para engañar, defraudar o causar daños graves”, detalla la nota.
Sin embargo, cuestionaron que estas medidas sean incorporadas junto con disposiciones relacionadas con expresiones sobre funcionarios públicos. “El Anteproyecto de Ley 51 mezcla dos materias que deben discutirse separadamente”, sostienen.
Uno de los principales cuestionamientos apunta a la reforma del artículo 196 del Código Penal. Según los gremios, esta modificación “constituye un retroceso frente a los estándares alcanzados por Panamá en materia de libertad de expresión”.
El pronunciamiento advierte que la reforma “permitiría nuevamente la utilización del proceso penal frente a periodistas, medios de comunicación y ciudadanos que investiguen o cuestionen el ejercicio del poder público”.
También cuestionan el uso de conceptos que consideran indeterminados, entre ellos “finalidad denigrante”, “apariencia de autenticidad” e “idóneo para causar daño”. A su juicio, estas expresiones “podrían dar lugar a interpretaciones subjetivas, investigaciones arbitrarias y autocensura”.
Otro punto de preocupación son las sanciones contempladas. “Resulta especialmente preocupante que se contemplen penas de hasta siete años de prisión”, señala el documento.
Los gremios también citan la Declaración de Salta sobre Principios de Libertad de Expresión en la Era Digital, según la cual los gobiernos no deberían penalizar “la crítica, la información o la protesta contra funcionarios públicos”.
Finalmente, solicitan que la regulación de los deepfakes y la suplantación digital sea discutida por separado. “Regular la inteligencia artificial es necesario, pero utilizar esa regulación para reabrir la persecución penal de la crítica a los funcionarios sería un grave retroceso democrático para Panamá”, concluye el pronunciamiento.
