Mendicidad se convierte en una forma de vida
El Mides, el despacho de la Primera Dama y MINSA trabajan en el plan del hospital de salud mental




La mendicidad es un problema latente, sobre todo en las zonas urbanas, donde personas en la calle y dentro del transporte público solicitan ayuda financiera.
Para Lizbeth Cunningham, directora de Gestión Social de la Alcaldía de Panamá, la principal causa es la disfunción familiar, la cual desencadena otras problemáticas como el consumo de drogas, el alcoholismo y la pérdida de vínculos afectivos.
A esto se suman la migración irregular, el desempleo y las secuelas de la pandemia de 2019. “Estas situaciones afectan gravemente su bienestar físico y emocional, y los exponen a escenarios de violencia, discriminación y exclusión social, reduciendo sus oportunidades de recuperación, dignificación e integración plena a la sociedad”, explicó.
El sociólogo José Lasso plantea esta práctica como una forma de supervivencia. “La práctica central es pedir dinero y, muchas veces, utilizar niños para obtener mayores recursos. Esto pone en situación de vulnerabilidad y riesgo social a jóvenes, niños, mujeres y adultos mayores”.
En la misma línea, Rossana Muñiz, directora de la Dirección de Servicios de Protección Social del MIDES, señaló que algunas de estas personas cuentan con algún tipo de sustento económico (jubilación, ayudas sociales, etc.).
“Ellos no son delincuentes, no se les puede obligar a ir a ningún lugar. Algunos dicen que sí, y a los tres días se van, porque llega un momento en que se acostumbran a vivir de esta manera: no tienen que cumplir horarios ni ciertos hábitos. En el caso de los migrantes, se trabaja con Migración y la Defensoría del Pueblo, ya sea para regularizar su estatus o buscarles ayuda para su repatriación”, destaca Muñiz.
¿Qué hacer?
En cuanto a quienes piden dinero en el transporte público, cantan o fingen enfermedades, Muñiz aclara: “Si estas personas están con niños, se debe llamar al SENNIAF. Darles dinero no es lo más conveniente. Llame al 311 o a la Policía de Menores. Si se suben al metro, están cometiendo una falta administrativa. Si tienen supuestos documentos oficiales, puede considerarse un delito penal y deben ser llevados ante el juez de paz. En lugar de imponer una multa, se pueden establecer medidas de recuperación”.
