Ministra Montalvo denuncia difusión de material prohibido desde cárceles y posibles complicidades internas
La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, presentó este miércoles, 17 de diciembre, una querella ante el Ministerio Público para que se investigue la circulación de videos y audios relacionados con centros penitenciarios, así como posibles irregularidades en los controles de seguridad del sistema.
La denuncia fue interpuesta en perjuicio del Ministerio de Gobierno, e incluye a una persona dedicada a la generación de contenido en redes sociales, sin descartar a otros posibles implicados.
La acción legal fue presentada junto al director general del Sistema Penitenciario, Jorge Torregroza, y la directora de Asesoría Legal del Ministerio, Diana Rigau. La ministra explicó que tuvo conocimiento de material que circuló en redes sociales con señalamientos sobre procesos internos del sistema penitenciario y, especialmente, de audios “presuntamente emitidos por personas privadas de libertad, lo cual está estrictamente prohibido”.
Montalvo advirtió sobre riesgos en los controles de seguridad. “Hemos advertido que estamos tras la pista de funcionarios que pudieran estar permitiendo el ingreso de celulares u otros objetos prohibidos a los centros penitenciarios. Esto representa una grave vulneración a la seguridad y al orden del sistema”, señaló.
También indicó que algunas personas detrás de plataformas digitales “se prestan para obtener y divulgar información prohibida, aun con pleno conocimiento de que este tipo de comunicaciones desde los centros penales no está permitido por la normativa vigente”.
La ministra justificó la denuncia como parte de acciones para reforzar la disciplina interna. “Con el objetivo de poner orden en el sistema y cumplir con nuestro compromiso de combatir la corrupción, tanto interna como externa, presentamos esta querella para que, a través del Ministerio Público, se inicien las investigaciones y se identifique a quienes están participando y facilitando estas prácticas”, afirmó.
Sobre los controles, Montalvo señaló que las requisas se realizan de manera continua, aunque persisten intentos por introducir artículos prohibidos. “Hasta la fecha, se han presentado 16 denuncias y ocho funcionarios han sido condenados por estos hechos”, detalló. Agregó que se mantienen procesos de investigación y rotación de personal para fortalecer la seguridad interna.
Finalmente, recordó que la institución no tiene competencia en la asignación de trabajos comunitarios. “El Sistema Penitenciario no es la entidad encargada de otorgar trabajos comunitarios”, precisó, indicando que esta facultad es exclusiva de los jueces, mientras la Junta Técnica evalúa los perfiles de las personas privadas de libertad.
