Orden detención y medidas cautelares a exrepresentantes
Se les investiga por el delito contra la administración pública, en la modalidad de peculado doloso agravado





Ayer, enfrentaron audiencias de garantías los exrepresentantes de corregimientos aprehendidos en la operación “Comunidad”, como parte de las investigaciones por el presunto uso indebido de fondos públicos provenientes del Programa de Interés Social (PDIS), en perjuicio de distintas Juntas Comunales y Municipios a nivel nacional, correspondiente al periodo 2019-2024.
También fueron ante un juez los respectivos tesoreros de las cuatro jurisdicciones.
Se trata de la ex y actual edil de Dolega (Chiriquí), Francia Elena Rojas, a quien se le decretó detención provisional por seis meses.
Asimismo, es investigado en esta provincia el exrepresentante de Quebrada de Piedra (Tolé), Ceferino Rodríguez, junto al tesorero de la junta comunal del periodo antes mencionado.
En tanto, a Euclides Mendoza, exrepresentante del corregimiento de Bisvalles de La Mesa, en la provincia de Veraguas, se le decretó medida cautelar de reporte periódico por un período de seis meses, al igual que a su tesorero.
David Reyes, abogado de Mendoza, indicó que a su cliente y al tesorero se les decretó la aprehensión ilegal. “A los señores se les decretó ilegal la aprehensión”, dijo el jurista, quien adelantó que la medida decretada de firmar será apelada.
En tanto, el exrepresentante de Boró, en La Mesa, de Veraguas, Jorge Alberto Barría, también enfrentó audiencia junto al tesorero de la junta comunal de esa época, por la presunta vinculación en el delito contra la administración pública, en la modalidad de peculado doloso agravado.
De acuerdo con el Ministerio Público, “estas acciones responden a denuncias presentadas por la Autoridad Nacional de Descentralización (AND) y se sustentan en auditorías realizadas que evidencian presuntas irregularidades en la administración de fondos públicos destinados a la ejecución de obras comunitarias”.
El día de la captura, en la operación participaron ocho fiscales anticorrupción, quienes desarrollaron las diligencias en conjunto con unidades de la Policía Nacional.