Saúl Méndez pide asilo. “No es perseguido político”, dice Canciller
Una investigación, iniciada en 2022 por el presidente Laurentino Cortizo comenzó a dar sus frutos con la cancelación de la personería jurídica de la cooperativa de Servicios Múltiples Suntracs, R.L.
El ministro de Relaciones exteriores, Javier Martínez-Acha, confirmó ayer que el secretario general del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs) Saúl Méndez, solicitó asilo en la Embajada de Bolivia.
Según el comunicado del Ministerio de Relaciones exteriores, el encargado de negocios a.i., de la embajada suramericana, Carlos Javier Suárez Cornejo detalló que, en la madrugada del miércoles, el dirigente sindical “saltó la cerca de esa representación diplomática, tocó la puerta y con nota en mano solicitó asilo político”, que será analizado por el Consejo Nacional de Refugiados en La Paz, Bolivia, que determinará si efectivamente califica para el otorgamiento del asilo político solicitado.
Méndez tendría una orden de aprehensión emitida por la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada, por la presunta comisión del delito de estafa agravada, blanqueo de capitales, asociación ilícita, falsificación de documentos y prevaricato, con relación a una investigación que guarda relación con un proyecto de construcción en la isla de Bastimento, en Bocas del Toro.
ml | El pasado martes, el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, informó que tras los resultados de las auditorías realizadas desde 2022 por el Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (IPACOOP) la Cooperativa de Servicios Múltiples Suntracs, R.L. violó la Ley 23 de 2015, sobre prevención del blanqueo de capitales, por lo que se decidió cancelar su personería jurídica.
Erika Vargas, directora ejecutiva del Ipacoop, detalló que el expediente fue remitió a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y a las autoridades competentes para los siguientes trámites judiciales.
Vargas reveló que el Suntracs transfirió 8 millones de dólares a su cooperativa a través de dos líneas de crédito, lo que demuestra que la cooperativa ha estado actuando como intermediaria financiera del sindicato, canalizando fondos hacia terceros y empresas vinculadas sin aplicar los procedimientos de debida diligencia, requeridos por la Ley 23, ni evaluar adecuadamente la capacidad de pago de los beneficiarios.
