Entre el chantaje de algunos y el derecho de jóvenes a soñar
Antonio Mola Davis
Hay dirigentes sindicales que se presentan como defensores de sus agremiados, pero cuyo accionar demuestra todo lo contrario. Bajo el disfraz de la justicia social, intentan imponer en nuestra nación doctrinas ideológicas foráneas, financiadas por intereses externos, que solo han traído pobreza, represión y pérdida de libertades en los países que las han adoptado.
Doctrinas que no encajan con nuestra idiosincrasia y que, en todos los procesos democráticos en los que han participado, no han logrado superar el 1% de respaldo popular.
Hoy, uno de esos gremios, supuestamente “preocupado por el bienestar” del pueblo panameño, ha vuelto a atacar el núcleo de nuestra sociedad: la educación. Con su accionar, han deteriorado la economía nacional, paralizado las aulas y puesto en riesgo el futuro de los jóvenes, quienes están llamados a liderar el país mañana.
Ante el fracaso de sus intentos por doblegar al gobierno, este pequeño grupo, que aún permanece activo, insiste en imponer condiciones para poner fin a un paro (ilegal, según la ley) que ya supera los 60 días. Y lo hacen con la misma estrategia de siempre, creyendo que el Estado debe ceder sin condiciones. Con la arrogancia, sin pudor alguno, dando a entender que:
“Ante nosotros, el gobierno se arrodilla, nunca de pie”.
Pero esta vez, no les ha funcionado.
El país está cansado de este ciclo destructivo. Y este gobierno, con claridad y firmeza, ha entendido que ¡ya basta! No se puede seguir permitiendo el secuestro de la nación por parte de minorías organizadas que, año tras año, entorpecen el desarrollo nacional.
El derecho a la huelga está consagrado en la Constitución, sí, pero también lo está el principio de no causar daño a terceros. Y en ningún caso ese derecho puede ejercerse a costa de los niños y jóvenes, que tienen su propio derecho inalienable a una educación de calidad.
Como dijo Benito Juárez, “El respeto al derecho ajeno es la paz.”
A los dirigentes del gremio docente parece habérseles olvidado que la jurisprudencia panameña ya se ha pronunciado con claridad. El 23 de agosto de 1994, la Corte Suprema de Justicia sentenció que:
“Mientras no se dicte una ley que regule las restricciones especiales a que puede someterse el derecho a huelga en los servicios públicos de educación, rige el principio fundamental de derecho público de que los funcionarios solo pueden hacer aquello que la ley expresamente los autoriza (artículo 18 de la Constitución). Los educadores son servidores públicos y sus actos deben regirse exclusivamente por la ley. Esta establece que no pueden ausentarse de sus trabajos sin causa justificada (artículo 797 del Código Administrativo), siendo aplicables también los artículos 803, 808 y 811 del mismo Código, así como el artículo 144 de la Ley 47 de 1946. Estas normas contienen implícitamente las sanciones que las autoridades pueden adoptar en caso de abandono del puesto.”
Lo que está ocurriendo hoy es, en esencia, lo mismo.
Y no debemos olvidar una máxima universal del ámbito laboral:
“El que no trabaja, no tiene derecho a ser remunerado”
El gobierno no puede ni debe claudicar. Debe aplicar las sanciones contempladas en la ley para quienes abandonaron sus funciones. Porque por cada educador que se niega a cumplir su deber, hay decenas de profesionales de la educación que “sí desean trabajar” y esperan una oportunidad.
Hoy hay plazas disponibles. Que se abran. Que se dé paso a quienes están dispuestos a educar y a construir un mejor país.
Porque el crimen más grave que se puede cometer contra Panamá no es político ni económico: es condenar a nuestros niños y jóvenes a la ignorancia, robándoles su derecho a aprender, a crecer, y a soñar.
* Comentarista de Opinión
