Negociación en punto crítico
La semana pasada estuvimos compartiendo temas, que nos afectan como consumidores nuestros bolsillos y en los cuales debemos poner cuidado a la hora de tomar algún tipo de decisión porque lo que está en juego es nuestro presupuesto y economía familiar. Mencioné que posteriormente denunciaría otros temas, pero viendo el panorama que se pinta en las negociaciones del Gobierno con la Minera, pienso que es prudente que reflexionemos como panameños de la mejor salida para el país.
Nadie discute que todos los habitantes de Panamá queremos lo mejor para nuestra economía. No me pasa por la cabeza personas que atenten en contra del país, sabiendo que los efectos económicos pueden repercutir grandemente en el bienestar de nuestras familias e hijos. Ya tenemos varios meses observando posiciones de la Mina y del Gobierno, tratando de imponer sus argumentos. Nosotros hemos dicho en diferentes ocasiones la preocupación que tenemos ante un desenlace en un arbitraje internacional, que traiga como consecuencia la paralización de la Mina, y por ende la pérdida de empleos y de actividad económica que inyecta la mina en miles de proveedores directos e indirectos. También hemos mencionado que somos del criterio jurídico de la existencia de una relación contractual, que inclusive fue prorrogada hasta el año 2037. Esto posición sin duda, no será la de otros juristas y abogados que tendrán criterios diferentes, pero al final del camino recordemos que esos arbitrajes son costosos y no van a ser dirimidos en la República de Panamá, cuestión que el Gobierno debe tomar en cuenta. Se podría mencionar, como ya se ha hecho, el tema de los derechos adquiridos y la retroactividad sobre el Fallo de Inconstitucionalidad, que solamente aplica a pasado y no a presente o futuro; pero hay un elemento que para mi es muy preocupante, y lo es la inversión extranjera. Fuera de todo el daño económico y social que pueda causar el cese de operaciones, también está el daño en la mentalidad de nuevos inversionistas que ven a Panamá como un país con seguridad jurídica, amén de los que ya tienen inversiones andando, que empiezan a poner su barba en remojo.
No discutimos el derecho legítimo del gobierno de querer buscar los mejores intereses para el país, pero no podemos dejar de lado que se está asumiendo un riesgo potencial que puede poner en peligro el 3.5% de PIB que representa actualmente este rubro y los miles de empleos que perderían los familias panameñas que dependen de ese sustento.
Desde esta tribuna hago un llamado a las partes para que encuentren una salida rápida, de buena fe y que demuestre la disposición de encontrar una solución beneficiosa para el país. Siento que cada día que pasa se están alejando más las partes para encontrar un final consensuado, que puede acarrear perjuicios irreparables. Tienen que encontrar un punto en común y terminar con esta sosobra que nos hace daño a toda la población. Depongan sus intereses particulares y pensemos en Panamá. Tiene que ser una arreglo de ganar, ganar para ambas partes; en donde no es permisible que terminemos con el cierre de la Mina exponiendo nuestras diferencias en estadios extranjeros, que en nada nos van a beneficia.
*Abogado y exadministrador de ACODECO.
