64 personas judicializadas por la descentralización paralela
Funcionarios y exfuncionarios son investigados por la presunta comisión del delito contra la administración pública, en la modalidad de peculado agravado y sustracción de documentos, en perjuicio de la Autoridad de Descentralización
En las investigaciones que se adelantaron durante el año 2025, por el presunto manejo irregular de fondos destinados al Programa de Desarrollo de Interés Social (PDIS), durante el periodo 2019 - 2024, a 64 personas se les ha aceptado la imputación de cargos por la presunta comisión del delito contra la administración pública, en la modalidad de peculado agravado y sustracción de documentos, en perjuicio de la Autoridad Nacional de Descentralización, tras su judicialización, informó el Ministerio Público.
De estos aprehendidos, a 10 se les decretó la medida cautelar de detención provisional, mientras que a las otras 54, los jueces de garantías optaron por otro tipo de medidas, como depósito domiciliario, reportes periódicos, prohibición de acercarse al lugar de trabajo o a determinadas personas.
Entre los ciudadanos detenidos se encuentra el representante del corregimiento David Centro, Jorge Montenegro Vallarino; la exrepresentante de Nueva Gorgona, Miriam Bernal; la representante de Dolega, Francis Elena Rojas; el exrepresentante de Las Garzas, Noel Camargo; el exrepresentante y el extesorero de la Junta Comunal de Cerro Pelado, y el extesorero de la Junta Comunal de Belisario Porras; detención provisional de un exrepresentante y una extesorera de la Junta Comunal de Capellanía, distrito de Natá, entre otros.
Estas detenciones corresponden a expedientes relacionados con un total de 429 denuncias presentadas por el gobierno del presidente José Raúl Mulino en su primer año de gestión, ante la Procuraduría General de la Nación, de las cuales al menos 300 están relacionadas directamente con la llamada descentralización paralela, y hasta la fecha se han solicitado 196 informes de auditoría, informó en su momento el Procurador Luis Carlos Gómez.
“Estamos hablando de fondos de interés social, en algunos casos superiores a los 100 mil dólares, y de delitos como peculado doloso agravado, que tiene penas de 8 a 15 años de prisión”, explicó Gómez.
Por el momento, el personal de la Fiscalía Anticorrupción ha detectado al menos 44 casos con informe de auditorías que reflejan lesiones por más de 24 millones de dólares, dentro de los informes financieros de las juntas comunales y municipios que manejaron fondos del PDIS. Mientras que 33 carpetas con informe de auditorías se han procesado ante el Tribunal de Garantías. El único informe sin lesión corresponde a la junta comunal de Curundú, recibido la semana pasada por el Ministerio Público.
