Al oído de la Corte y el Tribunal Electoral

Las decisiones políticas y gubernamentales que se han adoptado en el último año no han sido populares. Sin embargo, eran necesarias. Recuperar la senda de la inversión, empleo y progreso económico requieren disciplina con las finanzas públicas, reducción de los gastos innecesarios, achicamiento del tamaño del Estado y el fin de los abusos clientes que con el amparo de la ley se fueron aprobando cada cinco años. Los nueve magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y los tres magistrados del Tribunal Electoral (TE) deben escuchar el clamor ciudadano. El país no quiere que reciban esos salarios astronómicos de $14,000 al mes o jubilaciones a la que nunca accederá el panameño común. Cuando se está en el servicio público no lo están haciendo un favor a los ciudadanos. Fueron distinguidos para servir, sin arrogancia, desprecio o actitudes fútiles. No puede haber ciudadanos de primera en los cargos públicos y ciudadanos de segunda o tercera en el resto del país.