Streaming pirata, el alquiler en la sombra


“¡Promo! Netflix, Disney+, Max y Prime Video a $10.00 por mes” es solo uno de los tantos anuncios recurrentes en redes sociales y volantes urbanos para el alquiler de perfiles en sitios de streaming, un negocio considerado ilegal e inseguro para usuarios.
Alex Neuman, tecnólogo de Vida Digital, sostuvo que, aunque la mayoría de las personas ceden de modo inocente un pago por estos servicios, por detrás están patrocinando la evasión de impuestos y financiando indirectamente el lavado de dinero producto del narcotráfico o la trata de personas.
Explicó que: “Los criminales intercambian el dinero procedente del sufrimiento y muerte de las personas por tarjetas prepago de los distintos servicios de streaming y luego revenden estas cuentas a quienes las distribuyen. Con esto logran conseguir un flujo supuestamente legítimo de dinero producto de aparentes servicios online, lo cual les permite legitimar el dinero procedente de crímenes nefastos a un costo relativamente bajo”.
Aclaró que no todos los que venden estos paquetes son conscientes del enramado criminal que se aprovecha de ellos. “Sin embargo, todos saben perfectamente que están ofreciendo servicios ilegales y que están faltando a la ética”.
Venta de IPTV
El especialista en marketing digital Freddie Tobar aseguró que en paralelo a lo anterior está la venta de IPTV (Televisión por Protocolo de Internet), que es un sistema para transmitir canales de televisión a través de la red.
“En principio, con esto se está faltando al derecho de autor y propiedad intelectual, porque, en teoría, el individuo que presta esa señal no le está pagando a los que producen las películas, las transmisiones en vivo, ni los canales de cable”, agregó.
El riesgo, comentó Tobar, está en que al ser en su gran mayoría plataformas clandestinas, pueden dejar de funcionar en cualquier momento. “Entonces, no tienes ninguna garantía de que te devuelvan tu dinero. Hay que considerar eso muy bien”.
En Panamá no hay una regulación formal contra estos “negocios”, pues no se han registrado mayores afectaciones, según el experto.
Agregó que: “No han metido a nadie preso por pagarlos, ya que la Ley busca a los distribuidores. Desde el punto de vista técnico, funcionan y pueden ser lo mismo que tener Tigo”.
Pero entonces, ¿quién regula todos estos servicios en caso de estafas o problemas? Desde la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) expresaron que no tienen injerencia por no tratarse de agentes económicos establecidos en el país.
En tanto, la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) tampoco tiene competencia por ser plataformas abiertas sin oficinas dentro del territorio.

La principal diferencia entre IPTV legal e ilegal es que al primero lo proporcionan operadores con licencia que pagan por el derecho a distribuir los canales que ofrecen. El ilegal a menudo es más barato y puede no ofrecer la misma calidad.