“Estabilidad y seguridad jurídica”, garantías para el retorno de Chiquita
Empresarios y economistas aseguraron que la empresa Chiquita Panamá y sus colaboradores deben tener reglas claras, predecibles y equilibradas para garantizar que la compañía pueda generar empleo en la región
Garantizar estabilidad, orden público, seguridad jurídica y el libre tránsito para movilizar la mercancía, son algunas de las garantías que debe ofrecer el Estado a la empresa Chiquita Panamá para que retornen y reactiven sus operaciones en la provincia de Bocas del Toro, aseguraron empresarios y economistas.
Se espera que mañana el presidente de la República, José Raúl Mulino, se reúna con los dueños de esta empresa, durante su gira en Brasil, para concretar su posible regreso al país.
Aris Pimentel, presidente de la Cámara de Comercio de Bocas del Toro, indicó que “las condiciones que se deben dar, no solamente para que la empresa Chiquita retorne, sino las condiciones para que cualquier empresa que está dentro de la provincia pueda funcionar, es que tengamos un ambiente de paz y tranquilidad, donde no exista el revuelo que se ha dado por el cierre de vías”.
El expresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CoNEP), Rubén Castillo, señaló que “es importante que exista seguridad jurídica. La empresa, a su vez, debe cumplir con las normativas legales y se le debe garantizar que no habrá paralizaciones arbitrarias o de hecho”.
En tanto, el economista Patricio Mosquera, dijo que “el Estado debe garantizar el orden público y seguridad jurídica; la empresa, presentar un plan de reinversión y recontratación responsable; y los trabajadores, facilitar la continuidad operativa mediante canales institucionales de resolución de conflictos de manera oportuna”.
Por su parte, René Quevedo, consultor empresarial, comentó que “a mi juicio, un eventual regreso de Chiquita requerirá ciertas garantías, particularmente en lo laboral, a fin de evitar lo que motivó su salida. Una posibilidad pudiera ser la creación de una Zona Económica Especial, con una normativa laboral y fiscal específica”.
El cierre de esta compañía en Bocas del Toro, ocasionó la pérdida de 7 mil empleos directos y otros 10 mil indirectos. Según Quevedo, “lo que ocurrió con el cierre de la bananera nos proyectó como un país incierto para las inversiones extranjeras. Urge reversar esa imagen, por lo que su regreso, aunque sea de manera parcial, contribuirá a ese proceso”.
