El juicio a los independentistas catalanes se juega dentro y fuera del tribunal
Madrid (AFP) - El histórico juicio a los independentistas catalanes se acerca a su fin, tras 16 semanas en las que la batalla legal no solo se ha librado en el tribunal, sino también en el exterior, obligando a España a salir en defensa de la justicia.
Sentados en el banquillo del Tribunal Supremo desde febrero, 12 líderes catalanes están acusados de haber infringido la ley al organizar un referéndum ilegal y proclamar una efímera república independiente en octubre de 2017.
Ante las intenciones independentistas de usar este juicio como escaparate para sus reivindicaciones, el sistema judicial español optó por la cautela.
En un esfuerzo de transparencia, la televisión retransmitió en directo todo el juicio que debe terminar el 12 de junio.
Y el presidente de la sala, el juez Manuel Marchena, veló por el respeto del procedimiento, consciente de que, una vez salga la sentencia en otoño, los acusados recurrirán a instancias internacionales.
De hecho, la ofensiva de los independentistas lleva meses en marcha, en tribunales europeos o en Naciones Unidas, donde cuestionan la justicia española.
'Si España no es capaz de demostrar que puede comportarse como una democracia, no tiene lugar en el corazón de la Europa moderna', arremetió el miércoles uno de sus abogados, Ben Emmerson, en Londres.
- Electos en prisión -
Uno de sus mayores éxitos fue la elección en las legislativas de abril de cuatro diputados y un senador que llevaban más de un año en prisión preventiva.
Todos ellos fueron suspendidos rápidamente pero antes lograron hacerse una icónica foto durante su excarcelación fugaz para acudir al parlamento a asumir los cargos.
Ahora quieren la misma imagen en el Parlamento Europeo, en el que sus dos principales líderes consiguieron escaño en las elecciones del pasado domingo.
Uno de ellos, el vicepresidente regional en octubre de 2017 Oriol Junqueras, encarcelado desde noviembre de 2018, ya había sido elegido diputado en España.
Pero se arriesga a no poder ejercer ninguno de los cargos si el tribunal da por buenas las tesis de la fiscalía, que reclama para él 25 años de cárcel.
El otro es quien fuera su presidente en el gobierno regional y probablemente el enemigo número uno del Estado español, Carles Puigdemont.
Consiguió su escaño a pesar de estar instalado en Bélgica, adonde se marchó después del intento de secesión para eludir la acción de la justicia española.
Pero para acceder a su escaño en Estrasburgo, en teoría debe recoger sus credenciales en Madrid, donde la policía lo detendría inmediatamente.
Puigdemont asegura que no es necesario pasar por España y arguye que dispone ya de inmunidad parlamentaria que impediría su arresto.
La batalla jurídica por esta cuestión se producirá en las próximas semanas y, para Puigdemont y los suyos, será una nueva ocasión de poner al país en evidencia.
- Puntos débiles -
Los independentistas aprovechan hasta ahora los puntos débiles del adversario, al menos para la opinión pública: la larga prisión provisional y la controvertida acusación de rebelión, que implica violencia.
Expertos independientes designados por la ONU concluyeron el miércoles que el encarcelamiento de tres separatistas (Junqueras entre ellos) es 'arbitrario' porque viola las convenciones internacionales, y exigieron su liberación.
El gobierno español replicó que los expertos eran parciales y adoptaban las tesis separatistas -afirmaban, por ejemplo, que la ley española permite un referéndum de autodeterminación-, pero el daño estaba hecho.
Eclipsó que en la víspera el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, esperanza de los separatistas juzgados, les propinó un revés y aseguró que el Tribunal Constitucional español tenía derecho a suspender una sesión parlamentaria en que se preveía la proclamación de una república independiente.
La violencia que implica el delito de rebelión imputado a nueve de los acusados sigue en el centro del debate.
La fiscalía decidió mantenerlo el miércoles a pesar de que podría haberlo cambiado por otros más fáciles de defender.
Para respaldar su versión citan más insultos y actos de intimidación en un clima supuestamente 'insurreccional' que golpes, mientras que la defensa exhibió en los últimos días de juicio decenas de vídeos de policías aporreando electores durante el referéndum.
La fiscalía probablemente dispondría de un caso mejor si no hubiera cometido ciertos errores, el mayor de ellos el miércoles.
Publicaron sus conclusiones definitivas ampliando la pena solicitada para dos acusados y rectificaron poco después para volver a la petición inicial, alegando un error de tecleo.
