Coordinadora de Pueblos Indígenas denuncia abusos policiales en protestas en la Comarca Ngäbe-Buglé y Bocas del Toro
La Coordinadora Nacional de los Pueblos Indígenas de Panamá (COONAPIP) alzó su voz este fin de semana para denunciar lo que califican como actos de brutalidad y abuso de autoridad por parte de las fuerzas policiales en medio de las protestas contra la Ley 462, el memorándum de entendimiento con Estados Unidos y la reapertura de la mina en Donoso.
Mediante un comunicado firmado por consejos y congresos representativos de los pueblos Bribri, Naso Tjer-Di, Buglé, Wounaan, Emberá, Guna y Ngäbe, la organización expresó su profunda preocupación ante las intervenciones violentas en comunidades de la Comarca Ngäbe-Buglé, así como en áreas cercanas a la Región No Kribo y los distritos de Chiriquí Grande y Almirante, en la provincia de Bocas del Toro.
COONAPIP denunció el uso de gases lacrimógenos, disparos con perdigones, detenciones arbitrarias y allanamientos sin orden judicial. “Nuestras comunidades, incluyendo mujeres, niños, niñas, adolescentes y personas mayores, han sido víctimas de flagrantes violaciones a sus derechos humanos”, afirmaron.
La organización recordó que tanto la Constitución Política de Panamá como los tratados internacionales suscritos por el país garantizan el respeto a los derechos colectivos e individuales de los pueblos originarios. “El artículo 18 de la Constitución responsabiliza a los funcionarios públicos por cualquier extralimitación, y el artículo 26 garantiza la inviolabilidad del domicilio”, subrayaron.
Asimismo, citaron la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la Ley 37 de 2016 sobre consulta previa y pronunciamientos de la CIDH y la Oficina Regional para América del Sur de la ONU, los cuales condenan el uso excesivo de la fuerza y la criminalización de los líderes indígenas en contextos de protesta social.
Entre sus exigencias al Estado panameño, COONAPIP demanda el cese inmediato de la violencia y la represión, investigaciones imparciales y sanción a los responsables, así como el respeto pleno a la autonomía y derechos colectivos de las comunidades indígenas.
Finalmente, la coordinadora hace un llamado a la comunidad nacional e internacional para acompañar la defensa de sus derechos, y reitera que se mantendrán vigilantes ante cualquier acción que busque criminalizar o perseguir a líderes y autoridades indígenas.
“¡No más violencia ni impunidad! ¡Por la justicia, la paz y la autodeterminación de los pueblos indígenas de Panamá!”, concluye el comunicado.
