El Colegio Nacional de Abogados califica como “grave extralimitación” actuación de la Contraloría
El Colegio Nacional de Abogados (CNA) emitió este viernes, 10 de abril, un comunicado donde rechazó las actuaciones recientes del Contralor General de la República Anel Flores, quien presuntamente intervino en diligencias del Ministerio Público en las Fiscalías Anticorrupción.
En el comunicado, firmado por la presidenta del gremio Maritza Cedeño Vásquez se detalla: “Rechazamos de manera categórica las recientes actuaciones de funcionarios de la Contraloría General de la República, que según noticias en medios de comunicación se dieron el día de ayer en las instalaciones de las Fiscalías Anticorrupción, consistentes en irrumpir en diligencias de práctica de pruebas dirigidas por fiscales del Ministerio Público”.
El organismo recordó además el rol técnico de la Contraloría en los procesos por delitos contra la administración pública, indicando que “parte de las pruebas idóneas es el informe de auditoría emitido por la Contraloría General de la República, el cual no sólo debe ser ratificado si no sustentado”.
Según el CNA, los hechos reportados constituyen una grave irregularidad institucional. “La conducta expuesta por algunos medios de comunicación y ratificada por el comunicado que emite la Procuraduría General de la Nación constituye una grave extralimitación de funciones y una intromisión inaceptable en competencias que, por mandato constitucional y legal, corresponden exclusivamente al Ministerio Público como titular de la acción penal”, señala el documento.
Asimismo, advierte sobre las implicaciones legales de estas acciones: “La presencia e intervención de funcionarios de la Contraloría General que no son citados, en actos investigativos penales no solo carece de sustento jurídico, sino que además compromete seriamente la validez de las pruebas, vulnera el debido proceso y pone en riesgo la integridad de las investigaciones en curso”.
El CNA también alertó sobre el impacto institucional de estos hechos, indicando que “este tipo de actuaciones erosiona la separación de poderes, debilita la institucionalidad democrática y genera un precedente peligroso de interferencia indebida en la administración de justicia”.
En su pronunciamiento, la organización exige medidas inmediatas: “Exigimos el cese inmediato de estas prácticas, así como el respeto irrestricto a la autonomía e independencia del Ministerio Público y al marco constitucional que rige el ejercicio de las funciones públicas”.
Finalmente, el CNA hizo un llamado a las autoridades: “Hacemos un llamado a las autoridades competentes para que adopten las medidas necesarias a fin de garantizar el respeto al Estado de Derecho y evitar que se repitan actos que atentan contra la legalidad y la seguridad jurídica del país”. Además, recordó que “la defensa del orden constitucional no es opcional: es una obligación ineludible de todos los servidores públicos”.
