Fundamedios es "conminada" por el gobierno a no emitir alertas y es amenazada con su disolución
Mediante oficio remitido hoy, 24 de junio de 2015, la Secretaría Nacional de Comunicación (Secom) conminó a Fundamedios "a cumplir con la normativa jurídica vigente y con las normas de su propio estatuto" por considerar que la difusión de "alertas, mensajes y ensayos" evidencia "posiciones de carácter netamente político y atentatorias al desarrollo social que consta como objetivo general de esta organización social". La Secom acusa a Fundamedios de que "se ha desviado claramente de sus fines estatutarios".En el oficio se citan las causales de disolución establecidas en el Decreto Ejecutivo No. 16, y se amenaza a Fundamedios por su "clara intención de erigirse como un actor político que busca generar suspicacias en la opinión pública sobre temas que no son de su competencia". Se ordena además cumplir con "la prohibición de ejercer asuntos de carácter político, como expresamente lo dispone (...) su estatuto vigente".El artículo 26 del Decreto Ejecutivo No. 16, cuya constitucionalidad ha sido cuestionada por varias organizaciones de la sociedad civil, señala como causales de disolución de una organización el "desviarse de los fines y objetivos para los cuales fue constituida", el "contravenir reiteradamente disposiciones emanadas por las autoridades competentes", "dedicarse a actividades de política partidista (...), de injerencia en políticas públicas que atenten contra la seguridad interna o externa del Estado o, que afecten a la paz pública" e "incumplir las obligaciones previstas en la Constitución, la ley y este Reglamento, o por incurrir en las prohibiciones aquí establecidas".Cabe recordar que el pasado 16 de enero de 2014, la Secom pasó a ser el ente de control y regulación de Fundamedios. En rueda de prensa desarrollada el 27 de enero de ese mismo año, la organización ya advirtió que su control administrativo pasó a manos de su principal agresor.Fundamedios rechaza las acusaciones sin fundamento y la clara amenaza del Gobierno. Reivindicamos que nuestro trabajo de monitoreo, defensa y promoción de la libertad de expresión es legítimo, legal y necesario para el país y no tiene ningún elemento extraño a las tareas que cumple cualquier organización de defensa de Derechos Humanos. Seguiremos cumpliendo con nuestras tareas institucionales con convicción y firmeza.
