La mendicidad de migrantes en el transporte público, un reto social
En octubre de este año, la empresa MiBus actualizó su reglamento de uso: incluyó prohibir la mendicidad en los buses y zonas pagas, de igual forma la venta ambulante. En el Metro la medida se ejerce desde su puesta en operación
La presencia de personas en el transporte público, en su mayoría extranjeras, solicitando dinero es una realidad a la que se enfrentan los usuarios en cada trayecto.
Ciudadanos de otros países que, con la excusa de recaudar dinero para pagar vivienda, comida o conseguir lo necesario para continuar su viaje, piden una contribución voluntaria, en muchas ocasiones acompañados de menores de edad.
“Desde el punto de vista de los Derechos, te puedo decir que muchos piden dinero porque quieren irse del país, porque están en tránsito. Sin embargo, eso motiva a los nacionales a realizar este tipo de trabajo. Frente a ello, creo que la entidad correspondiente es el Servicio de Migración, que son los encargados de la fiscalización de estas personas”, manifestó Alberto Cuñapa, de la Unidad de Niñez y Adolescencia de la Defensoría del Pueblo.
Al respecto, el Metro de Panamá informó que no cuenta con una estadística de la cantidad de personas en esta situación que utiliza el servicio, “toda vez que las tarjetas de los usuarios no son personalizadas”.
Ante esta realidad, Rafael Rodríguez, presidente de la Asociación de Residentes Naturalizados de Panamá, aboga por que el abordaje de esta problemática sea integral, humanitario y diferenciado.
“Podrían ayudar programas de regularización migratoria temporal o humanitaria, que permitan el acceso al trabajo formal, inserción en programas de empleo, capacitación laboral y emprendimiento, en coordinación con el sector privado, acceso a albergues temporales, atención médica básica y apoyo psicosocial, y articulación con organizaciones internacionales especializadas en movilidad humana”, detalló.
