¿Más poder o más excusas?
Las dudas que deja el Procurador General de la Nación, Gómez Rudy, tras el rechazo a sus proyectos anticorrupción
Por: Luis Baez
El reciente rechazo en la Asamblea Nacional de Diputados de los proyectos de ley 291 y 292 presentados por el procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez Rudy, dejó más preguntas que certezas.
Aunque el funcionario lamentó la decisión y aseguró que su intención era “fortalecer la lucha contra la corrupción”, lo que persiste es la duda sobre su verdadero propósito: ¿buscar nuevas herramientas o acumular más poder institucional?
Desde su llegada al cargo, el Ministerio Público ha mostrado poco avance en investigaciones emblemáticas que marcaron la última década, como Blue Apple, Odebrecht o los casos de pinchazos. Los procesos se estancan, las condenas escasean y las estructuras que alimentaron la corrupción permanecen intactas.
Pese a ello, el procurador insiste en que lo que falta son leyes, no resultados. Paradójicamente, Gómez Rudy conoce bien las dinámicas del poder dentro del Ministerio Público. Trabajó bajo la administración de la exprocuradora Ana Matilde Gómez, quien fue destituida por la Corte Suprema de Justicia en 2010 tras ser hallada culpable de abuso de autoridad, por haber ordenado una interceptación telefónica sin autorización judicial.
Ese episodio, aún recordado como uno de los momentos más controversiales en la historia reciente del Ministerio Público, deja abierta una pregunta inevitable: ¿aprendió Gómez Rudy de ese precedente o repite el patrón de quienes usaron la institución para fortalecer su propio control?
La duda crece cuando se observa su prudencia ante casos que involucran figuras del poder político, especialmente del Partido Revolucionario Democrático (PRD). Su discurso de “voluntad total” contrasta con una inacción visible, que más parece cálculo político que autonomía institucional.
En un país cansado de la impunidad, la ciudadanía no necesita un procurador que pida más leyes, sino uno que haga cumplir las que ya existen. Lo que falta no es normativa, sino determinación. Y cuando esa determinación se ausenta, el silencio se convierte en complicidad.
La historia reciente del Ministerio Público enseña que los discursos anticorrupción suelen ser el refugio de quienes no se atreven a actuar. Si la intención de Gómez Rudy era recuperar la confianza en la justicia, lo logrado, por ahora, es sembrar una inquietante pregunta: ¿le falta carácter o le sobra temor? * Ciudadano.
