Gremios empresariales apoyan los proyectos de ley del procurador
La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Institucionales de la Asamblea aún no ha colocado en agenda los dos proyectos anticorrupción presentados por el procurador Luis Gómez hace 83 días
Las iniciativas legislativas presentadas por el procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez, han encendido un debate entre sectores políticos, sociales y los gremios empresariales.
El politólogo Samuel Prado advirtió que estas propuestas “entran en contradicción con el clientelismo. Va a haber disgusto y malestar entre quienes lucran con la corrupción. No obstante, este tipo de leyes contribuyen a que, en el Estado y en el gobierno, las formas de trabajo, los procedimientos, las normas y las leyes se cumplan en todos los niveles”.
Por su parte, el sociólogo Milcíades Pinzón señaló que estas iniciativas “nunca logran avanzar porque existen intereses de personas vinculadas a la utilización indebida de fondos públicos”. Agregó que “una parte de la clase política panameña parece no estar en sintonía con la ciudadanía, que sí respalda estas medidas”.
Desde el sector empresarial, el presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), Juan Alberto Arias, exigió que “se avance con estas iniciativas legislativas. Panamá merece instituciones fuertes, funcionarios y ciudadanos íntegros, y un país donde la impunidad no tenga lugar”.
Ante los señalamientos del sector privado, el diputado y presidente de la Comisión de Gobierno, Luis Eduardo Camacho, respondió: “Al actual presidente de la Cámara de Comercio le encanta taquillar. Lo malo es que, como ocurre con muchos, su discurso de taquilla está divorciado de las acciones”.
El diputado Luis Duke, miembro de la misma comisión, aseguró: “Deme dos meses como presidente de la Comisión de Gobierno y verá cómo terminamos de debatir todos los proyectos anticorrupción pendientes”.
Las dos propuestas legislativas fueron presentadas por el procurador el 24 de julio y están orientadas a la aprobación de una Ley General Anticorrupción, mediante reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal. Según Gómez, ambas buscan “combatir el flagelo de la corrupción desde un enfoque integral”.
