La apertura de la mina de cobre “reactivaría empleos e inversión”
El reinicio de las operaciones de la mina de cobre contribuiría al crecimiento económico del país, generando empleos y beneficiando actividades conexas al sector, aseguran expertos. Piden que su reactivación sea bajo un buen acuerdo”
Empresarios y economistas aseguraron que la reapertura de la mina de cobre, ubicada en Donoso, provincia de Colón, tendría un impacto positivo en la economía, ya que se recuperarían puestos de trabajo, mejoraría la calificación de riesgo país, elevaría las compras e inversiones de empresas y aumentaría las exportaciones y la recaudación de impuestos.
El consultor laboral, René Quevedo, dijo que “los financiamientos bancarios a empresas en el encadenamiento minero (proveedores, etc.) sería la primera señal, que incidirá sobre la reactivación de las compras de la operación minera al resto de la economía, que era de $900 millones anuales. La recuperación de los flujos de Inversión Extranjera Directa (IED) asociados con la actividad minera dependerá de la proyección de Panamá como un destino estable y predecible”. Añadió que “otro impacto importante a mediano plazo será sobre la confianza de la banca internacional y las calificadoras de riesgo, lo cual debe mejorar el riesgo-país y el costo del financiamiento, tanto interno como externo”.
El economista Luis Morán, indicó que “la apertura de la mina podría volver a representar un 4.0% a 5.0% del Producto Interno Bruto (PIB). Podría reactivar 12 a 15 mil empleos entre directos e indirectos. Se podrían recuperar las exportaciones en un 75%”.
El economista Raúl Moreira, señaló que “la definición de cómo se resolverá el tema de la mina ocupa un lugar importante en las evaluaciones de las empresas calificadoras de riesgo sobre Panamá”.
Por su parte, el economista Patricio Mosquera, expresó que “esta actividad podría contribuir al crecimiento económico, generar empleos, aumentar el ingreso por divisas y fortalecer las finanzas públicas, mejorando así las perspectivas ante las agencias calificadoras. Sin embargo, consideramos que la fórmula óptima deberá lograr un equilibrio entre la supervisión ambiental efectiva, la mitigación de riesgos y la maximización del beneficio local para el país y las comunidades cercanas”.
Mosquera puntualizó que “será esencial incorporar procesos amplios y participativos de consulta ciudadana que fortalezcan la legitimidad de los proyectos y garanticen el respaldo comunitario a estas iniciativas”.
